Los recortes en Dependencia perjudican a las comunidades que mejor gestionan
Quienes
más servicios prestan no pueden ahorrar con la reducción de las pagas de las
cuidadoras
Aquellas
que resuelven con agilidad nada ganan con la eliminación de la retroactividad
Los últimos recortes del Gobierno al sistema de la dependencia tienen
un resultado demoledor: entre las comunidades más perjudicadas figuran algunas
de las que mejor gestionan la ley y salen ganando otras cuyos resultados eran
bastante malos. La explicación es sencilla: todas han sufrido un recorte
económico, pero no todas pueden compensarlo de la misma manera con las dos vías
de ahorro que abre el decreto para las comunidades, a saber: rebaja de un 15%
como mínimo de la paga de las cuidadoras familiares y dos años de demora en los
trámites sin que se genere deuda con las familias por los atrasos. Pues bien,
aquellas regiones, como Castilla y León, que resuelven los trámites en un
tiempo aproximado de seis meses (la máxima agilidad) no tienen deudas con los
beneficiarios, por tanto, se quedan sin premio. Y también salen
perdiendo las que habían concedido más servicios profesionales (plazas de
geriátrico, centros de día) que pagas de cuidadoras, tal y como manda la ley.
Esas regiones podrán reducir la paga, incluso mucho más del 15%, pero no nunca
ahorrarán tanto como aquellas que desvirtuaron la ley a base de ofrecer pagas
económicas.
Estas conclusiones se extraen de
un informe económico elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales donde se han detallado los tajos presupuestarios
que han recibido las comunidades autónomas de la financiación estatal: 283
millones (el total) del llamado nivel acordado y 87,7 millones por el nivel
mínimo (dependiente a dependiente). A la suma de estas cantidades se ha restado
el posible ahorro por las vías antes mencionadas: 112 millones si solo reducen
un 15% las pagas de las cuidadoras y 193 por la deuda de atrasos a las
familias. Salen perdiendo las comunidades por 65,2 millones.
Impacto de los recortes en Dependencia.
Pero pierde más Castilla y León
porque presta más servicios y es ágil al tramitar; o Madrid, que en su mayoría
ofrece servicios profesionales. Si estas cifras se ponen en relación con el
volumen de gestión de cada comunidad autónomas, las conclusiones son aún más
afinadas: Castilla y León y La Rioja son las más perjudicadas, seguidas de
Madrid, Cantabria y Asturias. Se benefician, sin embargo, Canarias y Baleares,
que suelen sacar pésimas notas en las evaluaciones por comunidades, donde se
toman en consideración datos como la lista de espera y el tiempo de espera de
los ciudadanos para recibir sus ayudas o el desequilibrio entre servicios y
prestaciones económicas. También Murcia sale ventajosa. Los responsables de la
asociación creen que estas decisiones “sí hacen efectivamente insostenible el
sistema y deja a las comunidades sin margen de maniobra”.
Los resultados al cotejar estas
cifras han levantado la ira de la asociación de gerentes de servicios sociales,
cuyo observatorio de la dependencia seguía cada seis meses los
avances y el
desarrollo de cada comunidad autónoma en la implantación del sistema y ponían
notas. Sus criterios, basados la mayoría en datos oficiales, venían aplaudiendo
a comunidades como Castilla y León o La Rioja y recordando que otras, como
Baleares o Canarias tenían mucho que mejorar. “Las medidas tomadas por el
Gobierno son de inaudita crueldad y cinismo y no nos cansamos de decir que
todas ellas hacen perder al sistema 800 millones de euros solo en 2012 que,
bien invertidos en los servicios necesarios para los dependientes habrían
supuesto la creación de 20.000 puestos de trabajo y retornos a las arcas
públicas directos e inducidos de 520 millones”, ha señalado el presidente de la
asociación, José Manuel Ramírez.
El informe señala que solo con
mantener la dependencia como está, con el número actual de atendidos, cuesta
5.933 millones de euros de los cuales “el Gobierno aportará solo 1.225 por la
financiación de cada dependiente, y las comunidades tendrán que poner el resto,
400 millones más que lo que pusieron en 2011. Es una demolición cruel y
calculada de la ley o una torpeza que exigiría dimisiones. Para prever el
resultado no hace falta una bola mágica: se destruirá la red de servicios con
el cierre de empresas del sector, pérdida de empleos, menos retornos a las
arcas públicas y las familias, mujeres en su mayoría, con su esfuerzo y sin
compensación volverán a hacerse cargo de los suyos”, lamenta Ramírez.
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